El paquete normativo no aborda el verdadero problema: la insuficiencia de viviendas disponibles y su incorporación al mercado.
Los dos decretos aprobados por el Gobierno pero decretos frenados en el Congreso, ideados para responder a la crisis de la vivienda y a la polémica social suscitada por el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, han reabierto el debate sobre la eficacia de la política residencial. ¿Buscan resolver los problemas de acceso a la vivienda o responder a una estrategia política ante la proximidad de futuras citas electorales?
Las principales organizaciones del sector inmobiliario, desde los representantes de propietarios e inquilinos hasta las patronales de la construcción y los promotores, coinciden en cuestionar el alcance de las nuevas medidas. Aunque algunas valoran determinados incentivos fiscales y mecanismos de protección social, advierten de que el paquete normativo no aborda la raíz de la crisis: la insuficiencia de viviendas disponibles y la falta de condiciones que favorezcan su incorporación al mercado.
Asociaciones como AMADEI ,sobre los decretos, alertan que los cambios regulatorios pueden aumentar la incertidumbre y desincentivar la inversión, con el consiguiente riesgo de reducir todavía más una oferta de alquiler que ya resulta insuficiente en numerosas ciudades españolas.
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